34 Estadísticas de fraude en la asistencia social por país [Estadísticas para 2024]

Actualizado el: 04/09/2023
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¿Es usted consciente de cuán frecuente es el fraude en materia de asistencia social? A menudo quedamos atrapados en nuestra vida diaria, felizmente inconscientes de las asombrosas estadísticas que rodean este tema.

Hemos seleccionado las cifras más serias y que invitan a la reflexión para brindarle una instantánea clara.

En este artículo, analizaremos 34 estadísticas de fraude a la asistencia social, abriendo la tapa a una conversación difícil sobre integridad, responsabilidad social y justicia financiera.

Conocer estos hechos le ayudará a comprender mejor la magnitud de este problema. A menudo creemos que las cosas que suceden detrás de puertas gubernamentales cerradas no nos conciernen directamente.

Pero nos afecta a todos: inflar nuestros impuestos y quitar fondos a quienes realmente necesitan y merecen ayuda. Exploremos juntos estas cifras y comprendamos sus implicaciones en nuestras vidas.

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20 Estadísticas de fraude al bienestar social

20 Estadísticas de fraude al bienestar social

Las siguientes estadísticas se han compilado cuidadosamente para comprender de manera integral el fraude a la asistencia social y sus diferentes formas en los Estados Unidos.

Al profundizar en estas estadísticas, podemos formarnos una opinión más informada sobre la prevalencia y el costo del fraude a la asistencia social.

Se estima que menos de 1,51 TP3T de los beneficiarios de asistencia social cometen fraude.

Sorprendentemente, se estima que sólo una pequeña fracción de quienes reciben beneficios gubernamentales son fraudulentos. Es menos de 1,5%, para ser exactos.

Una persona que participe en este tipo de fraude podría tergiversar su nivel de ingresos, situación de vida u otros factores clave que determinan la elegibilidad para recibir beneficios sociales.

Esta información falsa puede dar lugar a cheques de beneficios inflados ilegítimamente de programas como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) o Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF). A pesar del bajo porcentaje, estos casos aún generan pérdidas sustanciales con el tiempo.

El fraude en materia de asistencia social cuesta a los contribuyentes aproximadamente $1.500 millones al año.

Podría sorprender a algunos lectores que, si bien se estima que menos de 1,5% de los beneficiarios de asistencia social cometen fraude, el costo resultante es asombroso: casi $1.500 millones por año en dólares de los contribuyentes.

Esta cifra no se basa en casos individuales, pero incluye cálculos asociados con minoristas y empresas involucradas en prácticas engañosas.

Por ejemplo, algunos minoristas pueden intercambiar ilegalmente efectivo por beneficios SNAP o incluso presentar reclamaciones falsas con el pretexto de utilizar los beneficios, lo que genera costos más altos en general.

Si bien tanto las agencias federales como los estados están tomando medidas integrales para detectar, procesar y prevenir el fraude a la asistencia social (como mayores sistemas de vigilancia y requisitos de elegibilidad más estrictos), sigue siendo un problema constante que impacta los presupuestos públicos anualmente.

Las tasas de sobrepago de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) rondaron los 1,6%.

El programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), diseñado para ayudar a los más necesitados, enfrenta obstáculos con la integridad del programa.

Se descubrió que las tasas de pago excesivo para TANF se midieron en alrededor de 1,61 TP3T, una cifra relativamente baja, pero que aún representa una suma significativa en el presupuesto general.

Las razones detrás de estos pagos excesivos varían; pueden deberse a errores administrativos o, con menos frecuencia, estar asociados con fraude, donde los destinatarios manipulan la información a sabiendas para obtener beneficios adicionales.

Las estrategias clave para mitigar estos pagos excesivos incluyen mejorar los procesos administrativos y realizar auditorías periódicas.

Las tasas de sobrepago para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) fueron de aproximadamente 3,71 TP3T.

Al considerar el programa SNAP, es esencial mencionar que sus tasas de sobrepago han llegado a 3,7%.

Este porcentaje relativamente alto podría deberse a varios factores, incluidos problemas de comunicación, errores involuntarios por parte de los destinatarios o intentos deliberados de fraude.

Las consecuencias de pasar desapercibidos en la red de control de calidad pueden generar cargas significativas para el fondo público y afectar injustamente a los beneficiarios honestos que dependen de esta asistencia. Por lo tanto, minimizar esta tasa debería seguir siendo una máxima prioridad.

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En 2020, aproximadamente 3394 personas fueron descalificadas del programa SNAP debido a infracciones intencionales.

Al discutir el fraude dentro de los programas de asistencia social, es crucial mencionar los aspectos de rendición de cuentas y aplicación de la ley.

En consonancia con esto, aproximadamente 3,394 personas en 2020 fueron descalificadas para recibir beneficios de SNAP porque violaron intencionalmente las reglas y regulaciones que los rigen, lo que ilustra que las acciones tienen consecuencias cuando las reglas se infringen deliberadamente.

Las medidas de cumplimiento, como la inhabilitación, envían un mensaje contundente contra las violaciones y al mismo tiempo garantizan a los contribuyentes que su dinero está protegido contra el uso indebido.

El objetivo no es sólo castigar sino también disuadir posibles conductas fraudulentas y así proteger la integridad de estos vitales programas públicos.

Entre 2016 y 2020, se recuperaron $543 millones en beneficios SNAP debido a investigaciones de fraude.

En cinco años, de 2016 a 2020, se recuperó la asombrosa cantidad de $543 millones en beneficios SNAP debido a rigurosas investigaciones de fraude.

Estas recuperaciones subrayan el amplio alcance del fraude a la asistencia social y resaltan los fervientes esfuerzos realizados por los órganos rectores para frenar estas actividades ilegales. Esta cifra es significativa y muestra el valor de la vigilancia y la rendición de cuentas en los programas públicos.

Además, es una señal alentadora de que los sistemas de monitoreo estén funcionando de manera eficiente para detectar actividades fraudulentas.

Más del 50% del fraude a la asistencia social lo cometen los minoristas y no los destinatarios.

En contraste con la creencia popular, el fraude a la asistencia social no lo cometen predominantemente quienes reciben beneficios, sino más bien los minoristas involucrados en el proceso.

De hecho, más del 50% de este tipo de actividades fraudulentas son perpetradas por empresas que comercian ilegalmente con SNAP y otros beneficios de asistencia pública.

Esto crea un problema complejo para las agencias federales responsables de brindar asistencia pública, ya que deben luchar contra el comportamiento fraudulento a nivel individual y dentro de entidades comerciales establecidas.

En 2019, más de 2500 minoristas fueron descalificados permanentemente por traficar con beneficios SNAP.

Para combatir eficazmente el fraude en materia de asistencia social perpetrado por los minoristas, se adoptan medidas punitivas estrictas contra los declarados culpables.

Como reflexión sobre la eficacia de este enfoque, solo en 2019, más de 2500 minoristas involucrados en estas prácticas ilegales fueron descalificados permanentemente de participar en programas relacionados con beneficios como SNAP después de ser descubiertos durante una investigación exhaustiva.

Esta cifra indica que está ganando terreno en este frente crucial: los traficantes ilegales deben rendir cuentas al demostrar tolerancia cero hacia actos deshonestos en la prestación de servicios públicos.

Los estados con las tasas más altas de fraude a la asistencia social incluyen Florida, Michigan y California.

Ciertos estados de los Estados Unidos constantemente presentan altas tasas de fraude en las estadísticas de asistencia social. El trío que encabeza esta dudosa lista son Florida, Michigan y California.

Es importante señalar que múltiples factores contribuyen a estos elevados niveles de fraude: densidad de población, condiciones socioeconómicas y distintos niveles de regulación entre estados.

Las tasas elevadas no necesariamente indican entornos regulatorios laxos; a menudo revelan métodos agresivos para identificar y eliminar actividades fraudulentas.

Una mejor detección a menudo puede arrojar luz sobre los aspectos más oscuros de las estafas de beneficios, dando a estos estados una mayor visibilidad en los casos fraudulentos.

En 2020, se estima que se recuperaron $30 millones en prestaciones de desempleo a partir de investigaciones de fraude.

Las investigaciones sobre solicitudes fraudulentas no sólo tienen fines punitivos sino que también tienen un impacto financiero vital. Sólo en 2020, se recuperó una suma impresionante (alrededor de $30 millones) mediante rigurosos esfuerzos para examinar la validez de las solicitudes de desempleo.

Estas recuperaciones subrayan la importancia de invertir continuamente en medidas antifraude, como sistemas integrales de investigación de antecedentes y auditorías de rutina, garantizando que los fondos públicos se asignen y recuperen adecuadamente cuando se utilicen indebidamente.

Aproximadamente 40% de fraude a la asistencia social implica falsificar o retener información en la solicitud.

En cuanto a los métodos empleados por los autores de fraudes a la asistencia social, aproximadamente 40% implican prácticas engañosas en la etapa de solicitud.

Falsificar o retener intencionalmente información pertinente les permite calificar para beneficios a los que de otro modo no serían elegibles o recibir más fondos de los adeudados.

La información que normalmente se tergiversa incluye niveles de ingresos del trabajo, composición del hogar o situación laboral, todos ellos elementos cruciales que determinan la elegibilidad para ciertos tipos de beneficios.

Esta táctica subversiva erosiona la eficiencia y eficacia de los programas de bienestar que ayudan a las comunidades más vulnerables de Estados Unidos.

20-25% de fraude a la asistencia social es cometido por amigos o familiares del destinatario.

La dura realidad es que ni siquiera la confianza está exenta de manipulación en relación con el fraude a la asistencia social. Un alarmante 20-25% de todos los casos de fraude a la asistencia social involucra a amigos o familiares que hacen un mal uso de los beneficios de un beneficiario.

Esto puede ocurrir cada vez que una persona de confianza utiliza a sabiendas la tarjeta EBT de su ser querido sin consentimiento, solicita beneficios en su nombre y se queda con el dinero, o le ayuda a mentir en los formularios de solicitud.

Esta explotación reduce recursos cruciales para quienes los necesitan y daña relaciones que alguna vez fueron cercanas.

Se estima que el importe medio de fraude cometido por un destinatario individual ronda los $1.100.

Examinar la escala a la que se produce el fraude en materia de asistencia social puede resultar sorprendente. Las investigaciones indican que la suma promedio robada equivale a alrededor de $1.100 por individuo.

Si bien esto puede no parecer astronómico en comparación con otras formas de delitos de cuello blanco, estas ganancias mal habidas reducen significativamente el financiamiento potencial para programas que brindan apoyo financiero vital a poblaciones vulnerables en todo Estados Unidos.

Las circunstancias combinadas invariablemente plantean preocupaciones críticas con respecto a los sistemas actuales para detectar e disuadir actividades fraudulentas.

Alrededor del 70% de los casos de fraude a la asistencia social implican una declaración insuficiente de ingresos.

La forma más común de fraude a la asistencia social se encuentra en la declaración de ingresos: aproximadamente 70% de todos los casos se relacionan directamente con ingresos no declarados, lo que pone de relieve importantes grietas en los procesos de verificación.

Las personas o familias pueden presentar recibos de pago falsos o no informar ciertos flujos de ingresos, lo que genera una compensación excesiva en beneficios para los que no están completamente calificados.

Este problema generalizado subraya la importancia y urgencia de mejorar la transparencia, medidas de auditoría rigurosas y sistemas de presentación de informes optimizados dentro de los departamentos de bienestar social de todos los estados.

Los estados gastan en promedio 0,1% de su presupuesto de bienestar social en actividades antifraude.

En promedio, sólo 0,1% del presupuesto total de bienestar social de un estado financia actividades antifraude. Aunque parezca pequeño, este respaldo respalda programas esenciales destinados a la detección y prevención del fraude en el sistema de bienestar de un estado.

Estas inversiones financian recursos como sistemas de auditoría y seguimiento de datos para monitorear actividades anómalas, herramientas de análisis predictivo para anticipar posibles actividades de fraude e invertir en equipos dedicados a la investigación y la aplicación de la ley, todo ello vital para mantener la integridad del sistema de bienestar social.

Más del 10% de los casos de fraude a la asistencia social implican la colaboración entre los beneficiarios y el personal de las agencias de asistencia social.

Un hecho sorprendente es que más del 10% de todos los casos de fraude en materia de asistencia social implican la cooperación entre los beneficiarios y los miembros del personal de las agencias de asistencia social.

Estos expertos pueden manipular el sistema alterando los datos de los destinatarios o creando beneficiarios ficticios para beneficio personal.

Abordar este problema implica sanciones más severas para los perpetradores e invertir en una mejor capacitación del personal, prácticas de contratación más estrictas y controles internos más estrictos dentro de las propias agencias.

Se descubrió que más de 1,5 millones de beneficiarios de SNAP habían recibido beneficios en dos estados simultáneamente, lo que generó aproximadamente $1.400 millones en pagos excesivos en un año.

El fraude por duplicación contribuye significativamente a las pérdidas de SNAP, ya que más de 1,5 millones de beneficiarios obtienen beneficios de dos estados simultáneamente, lo que resulta en aproximadamente $1.4 mil millones en beneficios sobrepagados anualmente.

Este tipo de fraude de "doble inmersión" ocurre cuando las personas solicitan y reciben beneficios de múltiples estados mientras ocultan esta información a los administradores, excediendo así su asignación legal de beneficios.

La detección requiere coordinación entre fronteras estatales, un obstáculo que debe superarse para frenar el abuso desenfrenado.

Entre 2016 y 2020, los esfuerzos de detección y prevención del fraude en materia de asistencia social ahorraron a los contribuyentes estadounidenses un estimado de $1.800 millones.

Los esfuerzos para combatir el fraude en materia de asistencia social tienen un impacto sustancial en el ahorro de los contribuyentes. Entre 2016 y 2020, los avances en los métodos de detección y los esfuerzos de prevención dieron como resultado un ahorro estimado de $1.8 mil millones para los contribuyentes estadounidenses.

Este resultado tangible provino de la colaboración entre múltiples agencias federales y estados que trabajaron juntos para implementar medidas más estrictas para detectar irregularidades antes y tomar las acciones legales necesarias contra los perpetradores.

El tiempo promedio para detectar el fraude a la asistencia social es de aproximadamente 3 a 4 años desde que comenzó el fraude.

Lamentablemente, detectar el fraude a la asistencia social no siempre es un proceso rápido. En promedio, se necesitan aproximadamente de 3 a 4 años desde el inicio de la actividad fraudulenta para que se descubra.

El retraso puede atribuirse a muchos factores, como obstáculos administrativos, desafíos de detección y limitaciones en los sistemas de seguimiento.

Esta detección tardía da como resultado pérdidas financieras importantes que, de otro modo, podrían ayudar a las personas necesitadas.

Los estados con requisitos de elegibilidad para la asistencia social y sistemas de vigilancia más estrictos tienden a tener tasas más bajas de fraude a la asistencia social.

Aunque el abuso del sistema de asistencia social es un problema a nivel nacional, la evidencia sugiere que los estados con requisitos de elegibilidad más estrictos experimentan tasas más bajas de fraude a la asistencia social.

Los estados que adoptan sistemas de vigilancia innovadores, como herramientas avanzadas de análisis predictivo, han experimentado reducciones sustanciales en los casos fraudulentos: una disminución estimada de 10-15%.

Estas herramientas analizan patrones en los datos para predecir posibles casos de fraude; la velocidad con la que se detectan estos casos aumenta sustancialmente, lo que lleva a reducciones considerables en los casos generales.

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14 Estadísticas de fraude en la asistencia social por país

14 Estadísticas de fraude en la asistencia social por país

El fraude en materia de asistencia social no se limita a las fronteras de Estados Unidos; El problema prevalece en todo el mundo, aunque en distintos grados. Mire cómo el fraude afecta a algunos de los principales países del mundo.

En el Reino Unido, el fraude en prestaciones representó 1,2% del gasto total en prestaciones en 2020.

El Reino Unido también tiene su parte de fraude en materia de asistencia social. En 2020, las actividades fraudulentas representaron 1,2% del gasto total en prestaciones.

Según el Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP), los pagos excesivos debidos al fraude ascendieron a alrededor de £2,2 mil millones, equivalente a alrededor de $3 mil millones.

Es importante señalar que también informaron pagos insuficientes debido a errores, que ascienden a aproximadamente £1,900 millones o $2,500 millones en comparación, lo que demuestra que no todas las discrepancias causadas por inexactitudes son intencionalmente fraudulentas.

El DWP del Reino Unido tiene un enfoque agresivo hacia la detección y el enjuiciamiento del fraude en materia de asistencia social, con un Servicio de Fraude y Error dedicado que ayuda a recuperar millones de los infractores anualmente.

En Canadá, se estima que el fraude en materia de asistencia social representa menos de 1,51 TP3T del gasto total en asistencia social.

Canadá registra menos fraude en materia de asistencia social que otros países, ya que solo representa aproximadamente menos de 1,51 TP3T del gasto total en programas de prestaciones sociales para hogares de bajos ingresos en Canadá.

Según la Unidad Integrada de Control de Quiebras de Canadá, los casos de tergiversaciones de los sistemas de seguridad social y asistencia social, como ingresos no declarados o servicios no prestados, dan lugar a esta cifra.

El meticuloso sistema de distribución de beneficios de Canadá requiere que los beneficiarios actualicen periódicamente la información, lo que ayuda a que las auditorías integrales detecten más rápidamente el comportamiento fraudulento.

En Australia, el fraude a la asistencia social representó alrededor de 0,71 TP3T del total de pagos de asistencia social en el año fiscal 2019-20.

En Australia, Australia tiene una tasa comparativamente más baja, donde el fraude a la asistencia social generó alrededor de 0,71 TP3T de pagos totales durante el año fiscal 2019-20.

Según un informe del Departamento de Servicios Sociales, los beneficiarios individuales y los proveedores de servicios que participaron en engaños provocaron desequilibrios superficiales en la distribución de beneficios, lo que resultó en pérdidas de 49 millones de dólares australianos (36 millones de dólares estadounidenses) durante ese período.

Como parte de las sólidas contramedidas de Australia contra tales intentos, se inicia la verificación de identidad a través del servicio digital 'myGovID', garantizando que los beneficiarios legítimos soliciten subvenciones públicas.

Un informe de 2014 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE. UU. encontró que los pagos indebidos, incluidos fraudes y errores administrativos, representaban 1,51 TP3T de pagos del seguro de desempleo.

Si bien la tasa general de fraude a la asistencia social sigue siendo baja en Estados Unidos, existe una disparidad dentro de un área específica: los pagos del seguro de desempleo.

De acuerdo a un informe 2014 Según la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE. UU. (GAO), los costos fuera de lugar, que podrían deberse a acciones fraudulentas o errores administrativos, representaron aproximadamente 1,51 TP3T de los pagos del seguro de desempleo.

Este porcentaje acumulado podría parecer pequeño sobre el papel; sin embargo, se transforma en millones de dólares cuando se aplica a grandes sumas dispersas por todo el país.

En un informe de 2018, el Tribunal de Cuentas Europeo estimó que el fraude en los fondos estructurales y de inversión de la UE era inferior a 0,2%.

En Informe del Tribunal de Cuentas Europeo de 2018 reveló una comparación interesante cuando se yuxtapone con estadísticas de América del Norte: el fraude afecta a un rango impresionantemente bajo de menos de 0,2% de los fondos estructurales y de inversión de la UE.

Al contrastar estos datos con las cifras de Estados Unidos se destacan diferencias significativas, lo que demuestra cuán variados pueden ser los sistemas de bienestar y sus correspondientes tasas de fraude en todo el mundo.

Un informe del Auditor General de Ontario de 2017 encontró que el fraude representaba menos de 0,1% de los casos de asistencia social en la provincia.

Volviendo a América del Norte, exploremos las estadísticas de Canadá sobre el abuso de la asistencia social. Un análisis detallado realizado por el Auditor General de Ontario publicado en 2017 reveló que los casos de desinformación o manipulación deliberada categorizados como fraude solo podían rastrearse en menos de 0,1% de los casos de asistencia social en toda la provincia.

En 2018, solo alrededor de 1,51 TP3T de solicitudes de asistencia social en California contenían tergiversaciones intencionales.

California, un estado generoso en bienestar, demostró algo bastante revelador en 2018. Se descubrió que solo alrededor de 1,51 TP3T de las solicitudes de bienestar presentadas contenían tergiversaciones intencionales. La tergiversación intencional generalmente se refiere a proporcionar información falsa a sabiendas u ocultar deliberadamente hechos que de otro modo afectarían la elegibilidad para recibir beneficios.

A pesar de los estereotipos y conceptos erróneos prevalecientes en torno a las discusiones sobre la prevalencia del fraude a la asistencia social, esta baja cifra indica que dicha actividad fraudulenta no está tan extendida como algunos podrían esperar en California.

Un informe de 2015 del Departamento de Trabajo y Pensiones del Reino Unido estimó que los pagos excesivos debido a fraude y error representaban 1,81 TP3T del gasto total en prestaciones.

Al otro lado del Atlántico, podemos detectar tendencias similares con respecto a las estadísticas de fraude a la asistencia social. Un informe publicado por el Departamento de Trabajo y Pensiones del Reino Unido en 2015 reveló un hecho intrigante: alrededor de 1,81 TP3T del gasto total en prestaciones se debieron a sobrepagos debidos a fraude y error.

Esto indica cómo los actos fraudulentos deliberados y los errores administrativos involuntarios pueden contribuir significativamente a un gasto público innecesario en los sectores de prestaciones sociales.

En 2019, los Países Bajos estimaron que el fraude en materia de asistencia social representó aproximadamente 1,11 TP3T del gasto total en asistencia social.

Continuando con nuestra exploración global, dirijamos nuestra atención hacia los Países Bajos, un país con uno de los sistemas de seguridad social más extensos del mundo.

En 2019, se estimó que aproximadamente solo 1,1% del gasto total en bienestar social se atribuyó a actividades fraudulentas, una señal hacia un enfoque eficaz y bien adaptado contra el debilitamiento engañoso de su marco de apoyo social.

Un estudio de 2020 encontró que la tasa estimada de fraude a la asistencia social en Nueva Zelanda era de alrededor de 0,61 TP3T.

Aunque el fraude a la asistencia social es un problema generalizado a nivel mundial, a algunos países les va mejor que a otros. Según un estudio exhaustivo de 2020 en Nueva Zelanda, la tasa estimada de fraude a la asistencia social fue de alrededor de 0,61 TP3T.

Los rigurosos controles y medidas de castigo del gobierno probablemente contribuyan a esta cifra relativamente baja.

El Ministerio de Desarrollo Social de Nueva Zelanda también educa de manera proactiva a los ciudadanos sobre la integridad del bienestar y los alienta a denunciar sospechas de fraude.

Según un informe de 2017 del Tribunal de Cuentas francés, el fraude representó menos de 1% del gasto en seguridad social en Francia.

Según el informe del Tribunal de Cuentas francés en Francia en 2017, menos del 1% de su gasto en seguridad social se debió a actividades fraudulentas.

Su baja tasa se puede atribuir principalmente a las medidas de control activas empleadas por las autoridades francesas que se centran en detectar y prevenir el fraude en todos los niveles de su sistema de bienestar social, desde las autoridades de aprobación hasta los beneficiarios.

Un informe de la Oficina Nacional de Auditoría de Suecia de 2019 estimó que el fraude representó alrededor de 1,31 TP3T del gasto total en asistencia social en Suecia.

Suecia enfrenta tasas de fraude a la asistencia social ligeramente más altas que sus homólogos europeos como Francia. Según el informe de la Oficina Nacional de Auditoría de Suecia publicado en 2019, aproximadamente 1,3% del gasto total en asistencia social estaban relacionados con actividades fraudulentas.

Pero no despreciemos a Suecia inmediatamente sin considerar su sistema de atención integral, que va más allá de simplemente proporcionar niveles de vida mínimos y garantiza que todos los residentes disfruten de una calidad de vida sustancial.

Aunque tiene costos más altos en general, mantiene su integridad con sistemas de monitoreo vigilantes, manteniendo el comportamiento fraudulento hacia el extremo inferior a nivel internacional.

Según un informe de 2018 del Departamento de Asuntos Laborales y Protección Social de Irlanda, el fraude representó aproximadamente 1% del gasto social total en Irlanda.

Las estadísticas presentadas por el Departamento de Asuntos Laborales y Protección Social de Irlanda revelaron que el fraude en materia de asistencia social representó aproximadamente el 1% del gasto total en asistencia social de Irlanda en 2018.

A pesar de varias medidas de precaución para prevenir tales abusos, los estafadores encuentran lagunas y logran estafar fondos sustanciales de las arcas estatales.

A pesar de ser un porcentaje pequeño, considerando sus implicaciones sociales, la cantidad genera una preocupación considerable.

Un informe de 2019 del Tribunal Federal de Cuentas de Alemania estimó que el fraude representó aproximadamente 1,51 TP3T del gasto total en prestaciones sociales en Alemania.

A pesar de los estrictos protocolos aplicados por las autoridades alemanas para frenar las actividades fraudulentas relacionadas con las prestaciones sociales, el Tribunal Federal de Cuentas concluyó que en 2019 alrededor de 1,51 TP3T del gasto total en prestaciones sociales se perdieron debido a actividades fraudulentas.

La proporción es significativamente mayor que en algunos países europeos como Irlanda, lo que indica que aún queda mucho trabajo por hacer para lograr mecanismos eficaces de control y regulación.

Por favor, sean conscientes: si bien estos porcentajes pueden parecer insignificantes a primera vista, ocultan cantidades sustanciales cuando se consideran fracciones del presupuesto total de bienestar social, que normalmente asciende a miles de millones.

Preguntas frecuentes sobre las estadísticas de fraude en la asistencia social

¿Qué porcentaje de beneficiarios de asistencia social se estima que están involucrados en fraude?

Se estima que menos de 1,51 TP3T de los beneficiarios de asistencia social participan en fraude.

¿Cuánto les cuesta cada año el fraude a la asistencia social a los contribuyentes estadounidenses?

Se estima que el fraude a la asistencia social cuesta a los contribuyentes estadounidenses alrededor de $1.500 millones al año.

¿Qué estados tienen las tasas más altas de fraude a la asistencia social?

Los estados con las tasas más altas de fraude a la asistencia social son Florida, Michigan y California.

¿Qué formas adopta la mayor parte del fraude a la asistencia social?

En la mayoría de los casos, el fraude a la asistencia social implica declarar ingresos insuficientes (alrededor del 70% de los casos), pero también implica falsificar o retener información sobre las solicitudes y la colaboración con el personal de la agencia.

¿Qué tan efectivas son las medidas contra el fraude a la asistencia social?

Entre 2016 y 2020, los esfuerzos de detección y prevención han ahorrado a los contribuyentes estadounidenses un estimado de $1.800 millones, lo que demuestra un efecto sustancial contra los casos de fraude.

Conclusión

Comprender las estadísticas detrás del fraude a la asistencia social ayuda a arrojar luz sobre las complejidades y dimensiones de este problema social.

Es fundamental recordar que, aunque los casos de fraude representan una minoría, todavía afectan negativamente a los fondos públicos, a los contribuyentes y a quienes realmente necesitan asistencia.

Como ciudadanos responsables, comprender estas cuestiones y permanecer atentos a ellas es vital para combatir el fraude.

Estas estadísticas subrayan la necesidad de esfuerzos continuos para reforzar los mecanismos de control, mejorar las tasas de detección y garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan.

Michael Restiano

Apoyo la estrategia de contenido de producto para Salt Money. Además, estoy ayudando a desarrollar procesos y estrategias de contenido para ofrecer un trabajo de calidad a nuestros lectores.

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